Nos acostumbramos  a creer que quienes están encargados de proveer servicios públicos abusan, y dónde vemos lo público, vemos una amenaza. Así, temas técnicos se transforman en temas políticos. Y hoy, tanto a nivel técnico como político, se requiere una respuesta en relación a la distribución eléctrica.

Hace unos días nos preocupaba la instalación de medidores “inteligentes”. Técnicamente es conveniente para el país contar con ellos, pues al conocer mejor la forma del consumo eléctrico se puede entregar un mejor servicio y a un menor costo, beneficios que se hacen más evidentes bajo un esquema de comercialización competitiva. En términos económicos, no hay duda que quién paga esos medidores, directa o indirectamente, es el consumidor final. Sin embargo, queda en el imaginario colectivo que la incorporación de esta tecnología a nuestros hogares no trae más que mayor costo y mayor entrega de información a terceros.

Afortunadamente, el Ministerio de Energía ha iniciado, correctamente, la discusión de los grandes temas que deben ser tratados en relación a la distribución eléctrica. Es decir, la, producción y consumo eléctrico al interior de la red de distribución, y  separación entre comercialización y distribución. En paralelo, algunos agentes empiezan a levantar problemáticas como la propiedad y el uso de la información del consumo eléctrico, así como la distribución de los cargadores para vehículos eléctricos. Si la Autoridad regula estas actividades de manera adecuada, el resultado podría ser una sociedad mucho más eléctrica, menos contaminante, más eficiente y con cuentas de la luz más bajas.

Pero ello no está dado y requerirá voluntad política y habilidad técnica en un escenario en el que, a nivel residencial, es conocido que vendrán mayores alzas en las tarifas reguladas y que éstas perdurarán por varios años: los contratos que proveerán esa energía ya están firmados y fueron, en su momento, los más económicos obtenidos bajo una subasta pública. Sin embargo, quienes hoy pueden optar a contratar su energía a un precio negociado libremente ― no regulado, como el residencial  o comercial ― logran conseguir, sin excepción, precios mucho más bajos. En suma, durante los próximos años, los clientes no regulados conseguirán su suministro eléctrico a un precio sustancialmente menor que los clientes regulados y, si tienen un buen asesor, contarán también con contratos de compraventa de energía balanceados y claros.

¿Cómo conciliar entonces lo que se desea tanto en lo técnico como en lo político: menores precios y una correcta asignación de riesgos? Una manera es mediante el ajuste de los niveles de rentabilidad de los activos de distribución al riesgo actual, y no al que regía durante la recesión de los 80, que es la tasa hoy vigente. O, en el caso de consumidores medianos, reduciendo el límite para optar a ser cliente libre, por debajo de 500 kW y, en el caso de todos los consumidores finales, incluyendo a los residenciales, que seamos provistos de energía por comercializadores competitivos y no necesariamente por el dueño de los activos de distribución. Otro camino es evitar la proliferación de cargos que son pagados por todos los usuarios a prorrata de sus consumos, es decir, cargos adicionales al precio de la energía, cuando estos cargos pudiesen asignarse directamente a quién los causa. Todas estas decisiones del regulador.

También se puede promover la eficiencia, por la vía de un mejor uso de las redes de distribución. Es posible que caminemos a un mundo con generación distribuida (generación eléctrica a nivel residencial e industrial) y ya vemos cómo crece con fuerza el segmento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) atraídos por un precio estable, pero actualmente bajo revisión, dado que la oferta energética ha mutado desde su formulación inicial. En todo caso, tenemos el desafío de mantener el empuje a la generación distribuida eficienteNo olvidemos que los PMGD aportan energía allí donde se necesita, cerca de la demanda. Queremos competidores, que quieran llegar con su energía a nuestros hogares, evitando en lo posible  instalar largas líneas de transmisión y disminuyendo la necesidad de contar con equipos de distribución.

Por último, un mundo más eléctrico, de bajas emisiones contaminantes y con cuidado del medioambiente, parece posible y consistente con los desafíos que tiene el país en relación a la COP25. Podemos fomentar el uso de vehículos eléctricos; podemos crear un mercado de carga y de descarga de esos vehículos, podemos usar más electricidad (y menos combustibles fósiles y leña) en nuestros hogares, podemos colocar paneles solares en nuestros techos. Sin embargo, para que ello ocurra  es conveniente contar con medidores más sofisticados. Si los consumidores pueden obtener todos estos beneficios, sólo resta por definir cuándo  y cómo implementar las tecnologías y los cambios en la regulación.

Rodrigo Guerrero

Consultor asociado de BdE

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