Para estabilizar la temperatura de la Tierra y detener el cambio climático las economías más grandes deben reducir sustancialmente sus emisiones de CO2. ¿Están dispuestas a pagar los costos necesarios para hacerlo? Antes de comprometer nuestras metas y aumentar el costo de nuestra energía deberíamos averiguarlo.
Haciéndose eco del acuerdo de Lima, el gobierno de Chile preparó una contribución nacional de reducción de gases de efecto invernadero, actualmente sometida a consulta ciudadana. Propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre 27 y 34% al año 2025, y entre 35 y 43% al 2030, relativo a las emisiones de 2007. De cumplirse con estas metas, seguramente el costo de la energía aumentará aún más en Chile.
En Lima se desarrolló la reunión anual del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, a cargo de lograr los acuerdos necesarios para detener el cambio climático. Tras varios días de negociaciones se mantuvieron las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, respecto de quién debe asumir los mayores costos. El texto acordado sólo invita a que los países anuncien sus metas. Por su parte, los países desarrollados tampoco comprometieron el financiamiento requerido para pagar los costos de una transición a fuentes de energía que no emitan carbono.
En 2007 Google se propuso encontrar una forma de producir energía barata que no emitiera carbono para desplazar al carbón y revertir el cambio climático. Tras cuatro años de estudios y experimentos, el proyecto RE < C finalmente se canceló en 2011. En un reciente artículo los ingenieros de Google a cargo del proyecto extraen las lecciones.
El Senado de Australia finalmente aprobó la propuesta del gobierno que elimina el impuesto al carbono. Este impuesto se volvió impopular luego del alza que provocó en las tarifas de electricidad.
El proyecto de ley que se discute en el Congreso introduce impuestos a las emisiones locales y de carbono de las centrales termoeléctricas. Estos nuevos gravámenes implicarán un aumento en el costo de la energía, pero sin una mayor mejora en la calidad del medio ambiente.
En julio del 2012 Australia introdujo un carbon tax, como medida para regular las emisiones de CO2. A fines del 2013, sin embargo, el nuevo gobierno decidió revocar el carbon tax y revisar sus metas de energía renovable, como una forma de responder al descontento surgido por los costos que está implicando la agenda climática.
Un impuesto chileno a las emisiones de CO2 tiene sentido solamente si el mundo acuerda una política climática vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los costos de la hoja de ruta definida por Europa para transitar desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables, están reduciendo la competitividad de la industria, y han despertado en los gobiernos reparos sobre su efectividad.
El cambio climático es un problema global, cuya solución pasa necesariamente por un acuerdo vinculante que involucre, en acciones concretas y no simbólicas, a los grandes emisores de CO2 del planeta: Estados Unidos, China, India y Europa. Las políticas locales de mitigación, ya sea a través de impuestos verdes u otro mecanismo regulatorio, no pasan de ser simbólicas y su único efecto real será la pérdida de competitividad de la industria local.