En el Congreso continuó la discusión en la Comisión de Minería y Energía del Senado acerca de la idea de legislar del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre eficiencia energética (Boletín N° 12.058-08). El 9 de enero dieron su opinión sobre esta materia la Sociedad de Fomento Fabril, y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara recibió a la ministra de esta cartera, Carolina Schmidt, con la intención que expusiera el trabajo desarrollado en la Conferencia COP24, recientemente celebrada en Polonia, y la agenda de trabajo que desarrollará el gobierno para celebrar este año en Chile la Conferencia COP25, la que tratará sobre cambio climático.
El Panel de Expertos se pronunció el 10 de enero respecto a la solicitud de allanamiento del CNE de la discrepancia N° 13-2018 presentada por la Empresa eléctrica San Víctor SPA. El allanamiento solicitado por la Comisión Nacional de Energía se refirió a la omisión de la Central Hidroeléctrica San Víctor SPA, en el cálculo de los factores de costo y administración y de trasmisión del Sistema de Mediano de Aysén. Especificó que se trataba de errores numéricos en el cálculo del costo total de largo plazo. Tras realizar una sesión especial, el Panel de Expertos acordó dar por terminada la discrepancia N° 13-2018 y cancelar la Audiencia Pública citada para el 11 de enero de 2019 a las 11 horas.
Asimismo, el Panel recibió la primera discrepancia de 2019. La presentó Colbún en contra de la aplicación que hace el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) del artículo 25 transitorio de la Ley 20.936 o ley de Transmisión. En particular, Colbún alega que el CEN calculó el factor que compara la energía inyectada con la retirada por un generador, para ello habría usado la energía contratada, y no su valor esperado como lo especificaría la Ley.
Por su parte, la Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., presentó la segunda discrepancia, que se refiere al Estudio de Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams del cuadrienio 2018-2022. La empresa alega contra los criterios usados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la determinación del plan de expansión del sistema de electricidad, y los factores de asignación usados para repartir los costos de las instalaciones entre los agentes del sistema.
Durante un seminario internacional, la ministra de Energía anunció que durante 2019 se enviarán al Congreso el proyecto que reforma al sector de distribución de electricidad, y el de flexibilidad de los sistemas de potencia. Estos dos proyectos seguramente incorporarán novedades en realción a los sistemas de almacenamiento. Respecto del primero, el ministerio de Energía está trabajando en conjunto con la SEC y la CNE para convocar, a fines de enero y en marzo, a talleres para discutir acerca de los lineamientos conceptuales y los análisis realizados a la fecha. Ambos proyectos ingresarían durante el primer semestre de este año.
Mediante la Resolución Exenta N°9 de 2019, la CNE aprobó el informe definitivo de previsión de demanda 2018-2038. El informe estimó que la tasa de crecimiento de la demanda por electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para la próxima década será algo mayor que 2,0%. Por su parte, los clientes potencialmente libres, y que se encuentran sumergidos en las redes de distribución, podrían acceder a precios entre 30 y 40% menores a la tarifa regulada de alta tensión. Según esta diferencia, la CNE estima que un total de 3.000 clientes dejarán de ser regulados y optarán por ser clientes libres, es decir, un total de 11,4 GWh al 2030.
Este mismo informe muestra muy modestos niveles de generación residencial, eficiencia energética y de electromovilidad para la próxima década.
Recientemente el CEN publicó el informe de Valorización de Transferencias Económicas (IVT) definitivo de noviembre de 2019. El CEN reporta que las transferencias asociadas con la aplicación del precio estabilizado llegaron casi a $600 millones. Los sobrecostos de la operación, principalmente por operaciones a mínimo técnico de las centrales termoeléctricas, alcanzaron los $3.300 millones de pesos.
