Tras dar a conocer el gobierno los detalles prácticos de la aplicación de la Ley N° 21.076, publicada en febrero de 2018, respecto al cambio del actual medidor de electricidad por uno “inteligente”, se han generado diversos problemas de interpretación en cuanto a sus costos e implementación. Por esta razón, la Ministra de Energía Susana Jiménez realizó una audiencia el día 6 de marzo en las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado.
La secretaria de Estado explicó que ya está en marcha un nuevo sistema de control y monitoreo de la distribución de energía, el que incluye el nuevo medidor. El año 2025 es el plazo para instalar más de 6 millones de estos dispositivos inteligentes en hogares, oficinas e industrias, lo que se traduce en una inversión estimada de mil millones de dólares.
Los dueños de los medidores serán las empresas distribuidoras de electricidad. Si bien es cierto que estas entidades pagarán por los aparatos ― lo que ya está reflejado parcialmente en el actual decreto tarifario ― dicho costo será traspasado a los clientes en su boleta, en pequeñas cuotas mes a mes. Así, el nuevo sistema implicaría un costo adicional para el cliente que no debería superar el 1% de su cuenta, en promedio 200 o 300 pesos por cada facturación.
Según explica la Ministra, el nuevo medidor permitiría reducir el tiempo y frecuencia de la interrupción del servicio. Asimismo, será posible detectar fallas en el sistema eléctrico de cada vivienda, de manera de poder adelantarse a un siniestro. Este nuevo sistema de monitoreo también obligará a las empresas a contar con un call center 24/7 y un sistema de información integral. El nuevo sistema permitirá saber cuánto consume cada hogar o empresa a cada hora, abriendo espacios para optimizar el gasto y generar ahorros o conocer el consumo histórico. A juicio de la ministra, esto sería la puerta de acceso para que los clientes tengan el poder de decisión respecto de la administración sustentable de su consumo, de su almacenamiento o de su propia creación de energía.
Los senadores manifestaron, que la empresa que distribuye es la que tiene que hacerse cargo de todos sus equipos, los postes, los cables y los medidores, y que no entendían el traspaso de este gasto a los clientes. Incluso señalaron que el costo no era el tema sino que se les había dicho en la tramitación del proyecto que dio origen a la ley, que no habría reflejo en las tarifas.
En la sesión en la Cámara de Diputados con la Comisión de Minería y Energía, la ministra Susana Jiménez explicó el proceso que llevó a la generación de la norma técnica que obliga la instalación de los medidores y la propiedad de las distribuidoras. Esta norma publicada en diciembre de 2017, eleva las exigencias a las distribuidoras. En octubre de 2017, por acuerdo entre el regulador y las distribuidoras se realizó un estudio tarifario, para calcular un nuevo valor agregado de la red de distribución y con ello las nuevas tarifas que incluyen el costo de los nuevos medidores, según su incorporación a la red. La norma técnica implicaría una mayor exigencia de calidad de suministro al cliente, lo que traería el beneficio de un menor tiempo de interrupción. Por otro lado, en febrero de 2018, por un proyecto de ley iniciado en el Congreso, se aprueba la ley 21.076, motivada por el terremoto de Coquimbo en 2015. Esta ley obliga a las distribuidoras a hacerse cargo de la instalación de medidores y empalmes, pasando éstos a ser de su propiedad y su costo incluido en las tarifas.
Los diputados propusieron estudiar el cambio de la rentabilidad de las distribuidoras para disminuir el valor de las tarifas. Por su parte, la ministra señaló que la reforma a la distribución considerará la revisión de la tasa de descuento, o rentabilidad regulada de las distribuidoras y que se ingresaría al Congreso a fines de año.
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, confirmó que la COP25 tendrá lugar entre el 2 al 13 de diciembre de 2019 y el periodo pre sesional acordado será entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de este mismo año.
El encuentro reunirá a representantes de más de 195 países, se espera la llegada de más de 20 mil participantes, y será una oportunidad única para trabajar por la acción climática.
El CEN verificó el costo del gas natural importado desde Argentina declarado por la empresa Engie Energía Chile S.A. mediante carta ENGIE N° 143/2019, de fecha 4 de marzo de 2019.
En tanto, el Panel de Expertos entregó un comunicado sobre la discrepancia presentada por AES GENER S.A, respecto de la reliquidación de los balances de transferencia de energía en su versión definitiva para el pago del período de septiembre a diciembre de 2011. Las observaciones o presentaciones de partes e interesados se recibirán por escrito hasta las 17 horas del lunes 25 de marzo de 2019 en la oficina del Panel de Expertos. Por su parte, la audiencia pública se realizará el 26 de abril del 2019 a las 10 horas en Teatinos 280 y el que desee inscribirse o asistir deberá hacerlo hasta las 13 horas del 22 de abril de 2019.
Karin Messenger
Editora de Breves de Energía.
