Crisis eléctrica: impactos económicos y sociales

Si hubiera que dibujar la ruta crítica del crecimiento económico pocos dudarían en colocar a la energía eléctrica entre los factores más relevantes. Efectivamente, sin electricidad habría parálisis productiva y con electricidad cara la competitividad empeoraría y se crecería menos: sufriría el empleo y la pobreza sería más difícil de derrotar. Lamentablemente, lo que es evidente no aparece entre las auténticas prioridades políticas de Chile.

El gráfico muestra lo evidente. Desde inicios de los años 90 hasta comienzos de esta década Chile registra fuertes correlaciones (positivas) entre crecimiento del Producto, empleo, consumo eléctrico y (negativa) con pobreza. Sabemos que las correlaciones estadísticas no muestran causalidad, pero tras éstas hay racionalidad y no mero azar.

Chile ha disminuido sustancialmente el porcentaje de población pobre y, a la vez, ha aumentado el nivel de vida de toda su población, gracias al crecimiento económico que ha traído mayores y mejores empleos, y eso ha requerido más electricidad. De allí que estadísticamente la correlación entre pobreza y PIB sea de -0.94 y entre consumo eléctrico y pobreza, de -0.96.

Por otra parte, se ha cuantificado el efecto económico de inadaptación de la oferta a la demanda eléctrica, fenómeno que ocurre, primero, por atrasos de aprobación gubernamental desde el 2007, y luego por judicialización de procesos de inversión. Este verdadero bloqueo a nuevas fuentes eléctricas baratas ha producido encarecimiento del fluido, lo que es obvio. Un estudio de la Universidad Alberto Hurtado y SYNEX ha determinado que los atrasos de inversión en generación eléctrica eficiente ocurridos entre 2007 y 2011 significarán 6% de menor crecimiento acumulado del PIB desde el 2012 al 2019. Este impacto se calcula con un modelo macro de equilibrio general ampliamente usado por los Bancos Centrales. En resumen, los impedimentos exógenos al sistema eléctrico que encarecen la electricidad, porque la oferta es subóptima, están afectando negativamente al crecimiento económico y con ello, al empleo y a la lucha contra la pobreza.

Uno de los factores que ha ayudado a mantener irrelevante el caso en la agenda política ha sido el rezago existente entre el alza de costos de producción eléctrica y el ajuste de los precios al consumidor final. Si el problema no se refleja en los precios, no existe el problema. ¡Peor aún! En el mundo político pampean triunfante fórmulas carísimas para que se invierta en plantas ineficientes, eólicas y solares, de bajísimo rendimiento y que al interrumpir suministro por baja de viento o de exposición solar obligan a operar a las plantas más caras del sistema, y que son promovidas con subsidios cruzados que terminarán pagando los consumidores que aún no se dan cuenta de lo que viene (Ley 20/25). Es así como los precios regulados que cubren a todos los hogares y a empresas medianas y pequeñas están abastecidos con contratos antiguos que no reflejan la nueva realidad de costos. Hoy sólo están directamente afectadas algunas grandes empresas con contratos nuevos. Y lo que directamente afecta a muy pocos (grandes empresas) no se traspasa con fuerza al mundo de la política. A partir del 2015, cuando sí se impacten los precios por la renovación de contratos de regulados y los políticos se vean forzados a arreglar el problema, ya será tarde y el país pagará con menos PIB, menos empleo y más pobreza de la que pudiera tener si se hubiera permitido que operara el mercado eléctrico.

Estas propuestas ineficientes se disfrazan pretendiendo, primero, perseguir mayor seguridad de abastecimiento para el país lo que es falso porque después del affaire del gas natural argentino nuestro país volvió a gozar de plena seguridad y, segundo, recurren al argumento de que contribuyen a la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, hay consenso internacional que esa lucha deben financiarla preferentemente los países desarrollados (Kioto) por lo que carece de sentido que paguemos con nuestro retroceso económico y social por algo que no se nos está exigiendo a nivel mundial. Además, Chile está ampliamente por debajo del promedio por habitante de emisiones de CO₂ por su importante generación hidroeléctrica (que grupos supuestamente ecologistas muy bien financiados se encargan de boicotear) y por su patrimonio forestal. Por último, de cada millón de dólares que gaste Chile en esta campaña recuperará apenas 0.2% del beneficio climático que se logre porque el beneficio no es local sino mundial.

Todo esto es raro desde el punto de vista político porque para la población chilena el fenómeno del calentamiento global no ocupa ningún lugar de importancia entre sus prioridades y es curioso que en el Congreso se le dé tanta preeminencia. Por ello es que mientras tales propuestas no se manifiesten en los mayores precios que pagarán los consumidores, la gente permanecerá indiferente. Cuando ocurra habrá que acordarse por qué está sucediendo.

Los países se gobiernan a través de sus políticos (de gobierno y oposición), y lo que está ocurriendo en nuestro sector eléctrico es amparado por ellos. Se han hecho intentos por mejorar algunos problemas como ser mejorar la concreción de líneas eléctricas facilitando el otorgamiento de concesiones, lo que es bueno. Se puede seguir buscando en qué es posible agilizar trámites y ayudar a acelerar las inversiones convenientes. Sin embargo, es mi intuición que nada pasará antes que se sinceren los precios a los consumidores.

Sí creo que se puede avanzar en un par de materias complementarias que ayuden y que el mundo político podría considerar positivamente.

En el ordenamiento territorial debería establecerse por ley que toda comunidad humana en el territorio está obligada a mantener espacios para el tratamiento de residuos, cementerios, establecimientos fabriles y comerciales, etcétera. Aquellas que no están dispuestas a ello deberán pagar un tributo que irá a fondo municipal beneficiando a las comunas que sí lo están en proporción a su disposición relativa a su población.

Por otra parte, en materia de patentes municipales debería, primero, obligarse a pagar según criterios que reflejen el verdadero tamaño del establecimiento y no según su RUT. Es verdad que ciertas empresas no pagan nada a las comunas por este concepto. Y, segundo, toda la patente municipal debiera quedar donde está el establecimiento productivo, la fábrica, la planta eléctrica, y no compartirlo con la comuna donde están las oficinas. La comunidad empresarial debe entender que ahorrar en estos tributos es el peor de los negocios para el fomento y sustentabilidad empresarial.