Por Cristián Marcelo Muñoz
El proyecto persigue aliviar a la población afectada por la crisis sanitaria, sin embargo, podría implicar un riesgo financiero significativo para la industria de electricidad.
Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que prohíbe el corte y suspensión de suministros básicos de electricidad, agua potable, gas por cañería y sistema de telecomunicaciones y telefonía. El proyecto surge en el Congreso ante la urgencia de la epidemia del COVID-19 y con la idea de dar algún alivio a la población.
El proyecto consta de tan solo un artículo, y establece que mientras dure el estado de catástrofe, se prohibirá el corte o la suspensión de los suministros básicos por moras en el pago de las cuentas. En este caso, las deudas de los usuarios finales se prorratearán entre las cuentas de los doce meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe. El cobro de la deuda no podrá incorporar multas ni intereses por mora. Adicionalmente, las infracciones a esta disposición se penalizarán con una multa a beneficio fiscal de mil a dos mil unidades tributarias mensuales.
Aunque, el proyecto es bien intencionado en el objetivo que persigue, desafortunadamente, su aprobación podría conllevar un importante riesgo para la solvencia de la industria de electricidad. En esta Breve reviso qué se ha hecho en esta materia en algunos países, y analizo el proyecto original ― no así sus indicaciones ― y sus principales efectos en la industria.
Las medidas tomadas en otros países
En general los países de Europa han tomado medidas similares de protección a los afectados por las crisis del COVID-19. El principio ha sido enfocarse en apoyar a las personas que por estar contagiadas han debido quedarse en sus residencias, y en la población que ha perdido sus empleos. Si bien, la mayoría de los gobiernos le han solicitado a las empresas que comercializan la electricidad a los clientes finales, hacerse cargo de ofrecer paquetes de ayuda a los afectados, son estas mismas empresas quienes, según directrices previamente definidas, tienen la responsabilidad de escoger a los clientes que les darán el beneficio.
En España, el Gobierno, ha prohibido a las empresas el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores clasificados como vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Adicionalmente, el gobierno creó un bono social eléctrico, el cual es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25 y 40 por ciento, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
En el Reino Unido, un acuerdo entre el Gobierno y las compañías de electricidad garantiza que los clientes más afectados por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, reciban ayuda financiera de modo que continúen siendo abastecidos de electricidad. El acuerdo fue firmado por todos los proveedores nacionales del Reino Unido y entró inmediatamente en vigor. En términos generales, cualquier cliente en dificultades financieras contará con el respaldo de su proveedor, para evitar el corte de suministro, lo que podría incluir reprogramación de deudas y la reducción o suspensión de pagos.
En los Estados Unidos cada estado maneja sus propias políticas, sin embargo, muchas compañías han establecido programas de apoyo financiero directo a sus clientes, o bien, exención de tarifas. Por ejemplo, en Texas, aquellos clientes que no puedan pagar su cuenta de electricidad, a causa de la crisis creada por la enfermedad, deben llamar a su proveedor y acordar con éste un plan de pagos que le permita asegurar el suministro.
Una revisión más completa de las medidas que se han tomado en la Unión Europea se puede encontrar en Euroelectric 2020.
Los riesgos que podría enfrentar la industria
En Chile el proyecto de ley no enfoca el beneficio a sólo la población más afectada con la crisis. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la industria de electricidad si lo hace, pues se limita el beneficio a aquellas familias que están en el 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares ― cerca de 3.000.000 de familias ―, adultos mayores de 60 años con dificultades de pago, personas que hayan perdido sus empleos durante la crisis, y otros casos que se acrediten directamente a las empresas distribuidoras.
Puesto que el volumen de este beneficio y su extensión son indefinidos, el proyecto de ley provocaría un riesgo importante a la industria, en particular, en las empresas que deban hacerse cargo de la menor recaudación. Primero, no es claro cuánto durará la crisis provocada por la extensión de la epidemia, pudiendo ir desde un par de meses hasta el tiempo requerido para la obtención de una vacuna, un año y medio o más. Segundo, el beneficio se hace extensivo prácticamente a toda la población, en vez de enfocarse sólo en la población más afectada financieramente por la irrupción del COVID-19.
De este modo, el costo del proyecto podría ser sustancial e inabordable por parte de la industria. Si se ajusta sólo al 40% de los hogares más vulnerables, proyecto del Gobierno, el costo mensual sería de al menos unos US$40 a 50 millones mensuales. Si se considera que la epidemia y sus consecuencias durarán al menos unos 6 meses, supuesto optimista, la menor recaudación sería de 240 a 300 millones de dólares. Si el beneficio se extiende sin límite a los clientes regulados, la menor recaudación podría fácilmente duplicarse o triplicarse. A ello hay que agregar que probablemente una parte no menor de estas cuentas por pagar serán incobrables, dado que la recuperación de la economía tardará un buen tiempo.
Otro punto no menos importante y del cual el proyecto tampoco se hace cargo, se refiere a quién asumiría el costo de la menor recaudación: ¿distribuidores o generadores? En efecto, el proyecto de los diputados no especifica si las distribuidoras, quedarán liberadas de pagar a los generadores la parte de la energía que fue cobrada pero no pagada por sus clientes. Tal como está redactado, se podría entender que las distribuidoras deberán asumir todo el costo del no pago, que incluye la remuneración de sus redes, y el costo de la energía que compran a los generadores. Dependiendo de la magnitud de la menor recaudación, una buena parte de las distribuidoras, principalmente a las rurales, podrían caer rápidamente en la insolvencia.
Por el contrario, si las distribuidoras pueden descontar del pago a sus proveedores, la parte de la energía no pagada por sus clientes, serán los generadores quienes asumirán el costo de la menor recaudación y su impacto dependerá de la forma en que ésta se asigne entre los generadores. Si por ejemplo, la menor recaudación se asigna entre generadores a prorrata de sus contratos, y sin tomar en cuenta otros criterios, como por ejemplo, las necesidades de caja o capacidad crediticia de la empresa, o bien, la eficiencia de los contratos de suministro ― por ejemplo, los contratos más antiguos son varias veces más caros que los contratos actuales ―, una parte de los generadores, en especial los más pequeños y con los contratos de suministro con los menores precios ― en su mayoría centrales de energía renovable― podrían quedar insolventes durante el año.
Conclusiones
El proyecto actualmente en discusión en el Congreso, prácticamente extiende a toda la población, el beneficio anunciado por el gobierno de garantizar el suministro de los servicios básicos, en particular de electricidad, a la población más vulnerable. El proyecto, conlleva un serio riesgo para la industria: distribuidoras o generadores, al ser indefinido el monto y la duración del beneficio, la menor recaudación podría escalar rápidamente, pudiendo implicar la insolvencia de una parte del sector. Esta situación, arriesgaría la entrega del servicio que el mismo proyecto pretende asegurar.
De la revisión de las experiencias en Europa, se pueden sacar algunas lecciones para el país. De un lado, ha existido una estrecha colaboración entre los gobiernos y la industria. Del otro, los esfuerzos se enfocan sólo en apoyar a la población más afectada, ya sea por su exposición al contagio o por la pérdida de empleos. Es decir, en base a criterios predefinidos con los gobiernos, son las mismas compañías quienes escogen qué clientes recibirán ayuda. En definitiva, se busca apoyar a la población más afectada, y cuidar la solvencia de la industria.
Cristián Marcelo Muñoz
Fundador de Breves de Energía. Email de contacto cmmunozm@brevesdeenergia.com.
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