Por Cristián Muñoz y Alexander Galetovic
Según la propuesta del Ministerio de Energía, cumplir con la meta de reducción de emisiones de CO2 comprometida en la COP de París beneficiará al país, porque estimulará la eficiencia energética. ¿Se justifica el optimismo?
El Ministerio de Energía publicó en marzo de 2017 su Propuesta de plan de mitigación de gases de efecto invernadero para el sector energía para someterla a consulta pública. En ella analiza la meta de contenida en la Política energética nacional (PEN): reducir las emisiones de CO2 en 7,5 millones de toneladas al 2025 y 17,3 millones de toneladas al 20301.
Esta meta es ambiciosa, habida consideración de que en 2010 Chile emitió 91,6 millones de toneladas brutas de CO2 (y 41,7 millones de toneladas netas)2. Sin embargo, según la Propuesta al país no le costará cumplir con la meta. Todo lo contrario, en promedio cada tonelada de CO2 abatida para cumplir con la meta ahorraría USD 206. Así, la meta debería aumentar el PIB chileno en unos USD 3.500 millones de dólares anuales, poco menos del 1,5% del PIB de 2016 (o alrededor del 1% del PIB en 2030 que proyecta la Propuesta). Esta Breve evalúa la estimación contenida en la Propuesta.
La curva de McKinsey y el costo de la meta comprometida en París
En una Breve anterior mostramos que se puede estimar el costo de abatir emisiones de CO2 construyendo la “curva de McKinsey” (así llamada porque la consultora McKinsey fue la primera en calcularla). La curva muestra las acciones disponibles para abatir y las ordena de menor a mayor costo por tonelada de CO2 abatida. El abatimiento de mínimo costo de una cantidad dada de emisiones se obtiene intersectando esta curva con la cantidad de abatimiento deseada. El costo de la unidad marginal de abatimiento, expresado en dólares por tonelada de CO2 abatida (US$/tCO2), es el precio sombra del CO2. Los valores negativos de la curva indican que abatir esa cantidad no cuesta, sino que ahorra recursos. La curva reporta flujos anuales.
La Figura 1 muestra la curva de McKinsey que aparece en la Propuesta. Según esta curva se pueden abatir sin costo alrededor de 10 millones de toneladas de emisiones de CO2 aumentando la eficiencia energética de la industria, la minería, el transporte y el comercio. En realidad, la curva muestra que los primeros siete millones abatidos le ahorrarían al país poco menos de USD 400 por tonelada. Por lo mismo, cumplir con la meta al 2025 y reducir las emisiones en 7,46 millones de toneladas de CO2 aumentaría el PIB en poco menos de USD 3.000 millones al año, alrededor del 1,2% del PIB de 2016.
A continuación, y tal como se puede apreciar en la Figura 1, sucesivas medidas de eficiencia energética que beneficiarían al consumo comercial, público y residencial permitirían abatir alrededor de cinco millones de toneladas de CO2 adicionales ahorrando en promedio unos USD 200 por tonelada. Así, en promedio, los primeros 12 millones de toneladas abatidas (poco más del 10% de las emisiones brutas de CO2 en 2010) le ahorrarían USD 300 por tonelada a quienes implementen estas medidas de eficiencia energética.
Sin embargo, agotados los aumentos de eficiencia energética que ahorran recursos, el costo del abatimiento aumenta. En efecto, una nueva norma de emisiones de CO2 para centrales termoeléctricas y el fomento de las energías renovables no convencionales permitirían abatir dos millones de toneladas CO2 adicionales, pero cada tonelada costaría poco menos de US$200. Y para cumplir con la meta al 2030 sería necesario aumentar la eficiencia energética en los hogares, lo que costaría poco más de USD500 por tonelada de CO2 abatida.
Podemos ahora entender la afirmación contenida en la Propuesta en el sentido que cumplir con la meta le ahorra al país USD 206 por cada tonelada de CO2 abatida: se trata de un promedio, tal que los primeros 12 millones de toneladas crearán riqueza (alrededor de USD 300 por tonelada abatida en promedio), mientras que abatir los últimos cinco millones costará hasta USD 500 dólares por tonelada.
Descomponiendo el promedio
Según el estudio, al cumplir con las metas Chile se beneficiaría directamente ahorrando energía. Sin embargo, algunos detalles del cálculo que aparece en la Propuesta sugieren que la realidad podría ser un tanto distinta.
En efecto, la primera parte de la curva pareciera ser un tanto optimista. Una razón es que el ahorro de energía beneficia directamente a quienes ahorran. Por lo tanto, cabría esperar que los beneficiarios fuesen los más interesados en implementarlo. Sin embargo, hasta ahora estos ahorros han sido esquivos y, a menos que se piense que entre hoy y el 2025 aparecerán innovaciones tecnológicas que permitirán estos ahorros, se ven difíciles.
Al mismo tiempo, quizás aumentar la eficiencia energética cueste más de lo que estima la Propuesta. Esto es, por ejemplo, lo que encontró un experimento controlado que evaluó el Federal Weatherization Program en Michigan, Estados Unidos, un programa que subsidia las inversiones de hogares en eficiencia energética. No es sólo que el costo de las inversiones duplicó el valor de la energía ahorrada. También las estimaciones de los ahorros estimados con estudios de ingeniería sobrestimaron en 2,5 veces los ahorros materializados en la práctica.
La cuarta razón que justifica cierto escepticismo es que las medidas de eficiencia energética eficaces estimulan el consumo de energía, porque disminuyen el precio de los servicios que se producen con los activos que la usan. Por ejemplo, cuando un hogar reemplaza ampolletas incandescentes por ampolletas led, el precio por lumen de iluminación cae y aumenta la cantidad demandada de lúmenes. Por lo tanto, este “efecto rebote” modera la caída del consumo de energía de las emisiones de CO23.
Por último, ahorros iguales a USD 3.500 millones anuales parecen ser un tanto grandes. Por ejemplo son equivalentes a 1,5% del PIB de 2016 o 1% del PIB que proyecta la Propuesta en 2030. Sólo para poner en perspectiva tal magnitud nótese, por ejemplo, que según la matriz insumo-producto del Banco Central, en 2013 la contribución de toda la generación eléctrica al PIB fue igual a 1,2%. De manera similar, en 2015 Chile importó poco más de USD 8.000 millones de dólares en combustibles fósiles4. Y en un ámbito distinto, en 2004 Rómulo Chumacero, Rodrigo Fuentes y Klaus Schmidt-Hebbel estimaron que los acuerdos de libre comercio que Chile firmó con los Estados Unidos y la Unión Europea aumentarían el nivel del PIB en 1% cada año.
La segunda parte de la curva de McKinsey que aparece en la Propuesta, en tanto, contrasta con el tramo inicial. Sugiere que, aprovechadas las medidas de eficiencia energética que no cuestan, las reducciones adicionales son bastante caras. En realidad, según la Propuesta el precio sombra del abatimiento podría llegar en 2030 a USD500 por tonelada de CO2 abatida, unas 15 veces más que los USD32,5/tCO2 que el Ministerio de Desarrollo Social recomienda usar como costo social del CO2 y unas 50 veces el precio al que se transan los permisos de emisión de CO2 en Europa, unos USD10/tCO2. Por eso, de acuerdo con la Propuesta, a partir de 2025 el país podría comenzar a pagar costos más altos por las reducciones adicionales comprometidas en el acuerdo de París.
Conclusión
En París, Chile se autoimpuso metas de reducción de emisiones de CO2 exigentes. Algunos hemos sugerido ser prudentes, porque cumplir con las metas podría ser costoso y la Propuesta no despeja esas dudas. De un lado, de no aparecer innovaciones tecnológicas bastante grandes, es dudoso que las medidas de eficiencia energética que aparecen en la Propuesta generen los beneficios netos que los cálculos suponen. Del otro lado, la Propuesta reporta en 2030 un precio sombra del abatimiento de emisiones de CO2 alto. Por supuesto, sería inconsistente dudar del tramo de la curva de McKinsey que reporta beneficios y, al mismo tiempo, confiar en el tramo que reporta costos altos. Antes bien, la conclusión es que el cálculo que reporta la Propuesta no parece estimar con precisión el costo de cumplir con la meta que nos autoimpusimos en París.
Notas
- La Propuesta evalúa las medidas ya listadas en la Política energética nacional 2050, aunque limitándose a las emisiones provenientes de los combustibles fósiles quemados por la industria, la minería, el transporte, el comercio, los edificios públicos, los hogares y la generación de electricidad. En 2010 el 75% de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero provino de la quema de combustibles fósiles. ↩
- La Propuesta también analiza el costo de reducir las emisiones en siete millones de toneladas de CO2 adicionales al 2030, 24,3 millones de toneladas en total. ↩
- Aunque la magnitud del efecto rebote es incierta, Gillingham et al. afirman que seguramente varía entre 20 y 40% del ahorro a uso de servicios constante. ↩
- En 2013, con precios más altos, Chile importó alrededor de USD 14.650 millones en combustibles fósiles a precios CIF. ↩
Cristián Muñoz y Alexander Galetovic
Editores de Breves de Energía.