Colombia tiene definido un impuesto a las emisiones de CO2 que grava directamente a los combustibles que se usan localmente. Este impuesto es equivalente a que las empresar paguen unos USD5 por cada tonelada de CO2 que se emitirá cuando se use el combustible. Sin embargo, la nueva reglamentación que está por aprobarse, permitirá a las empresas que deben pagar el impuesto, que reemplacen el pago plantando árboles.
La idea de un impuesto al carbono es que los precios reflejen el hecho de que emitir carbono causa en el largo plazo un daño en el clima. De este modo, una regulación bien pensada debe dar al emisor una señal inequívoca: o paga el daño causado o simplemente abate las emisiones. Para este último caso, los árboles serían un modo barato de capturar y almacenar el carbono existente en la atmósfera.
Comparando la regulación colombiana con la chilena, la nuestra tiene algunos defectos. Por una parte, en Chile se grava con USD5/tCO2 a las emisiones, lo que implica un costoso procedimiento de medidas y certificaciones. Por otra, el impuesto aplica principalmente al sector generación, excluyendo, por ejemplo, al transporte, en circunstancias que este sector es responsable del 23% de las emisiones de CO2 del país, como fue señalado por I. Núñez en una Breve anterior.
En definitiva, los generadores están obligados a pagar el impuesto, ya que la tecnología de captura y secuestro de CO2 comercialmente no está disponible, y la regulación no les permite comprar reducciones de carbono, por ejemplo, plantando árboles. De hecho, en BdE anteriormente comentamos que un estudio de MAPS afirma que reforestando se pueden capturar anualmente hasta unos 6 millones de toneladas de CO2 (alrededor del 15% de las emisiones netas de Chile) a no más de US$5 cada tonelada, algo menos que el actual impuesto a las emisiones de carbono.
