Por Cristián M. Muñoz y Alexander Galetovic
El Senado de Australia finalmente aprobó la propuesta del gobierno que elimina el impuesto al carbono. Este impuesto se volvió impopular luego del alza que provocó en las tarifas de electricidad.
Australia es el cuarto país con más reservas de carbón en el mundo, con el que genera alrededor del 70% de su electricidad. Sin embargo, en su calidad de país desarrollado firmó en 1997 el Anexo 1 del Protocolo de Kioto como país rico y luego se comprometió a emitir en 2020 5% menos CO2 del que emitió en 2000.
Para cumplir con estas obligaciones, introdujo en julio de 2012 un impuesto a las emisiones de CO2, o carbon tax, que gravaba a las empresas que emiten más de 25.000 toneladas de CO2e al año. La regulación estableció un precio inicial de AUD23/tCO2 emitida (unos US$21/tCO2), que se incrementaría anualmente en 5% hasta julio del 2015. Al final de ese año el precio pasaría a ser flexible y fijado por el mercado a través de un mecanismo de permisos transables (cap and trade). La agenda climática también incluye la meta de que en 2020 el 20% de la electricidad se genere con energías renovables no convencionales (ERNC).
Sin embargo, a poco andar emergió el descontento de la industria y de la población por el aumento de las tarifas de electricidad. Adicionalmente, si bien las emisiones de los sectores gravados cayeron, aumentaron las emisiones de los sectores eximidos. Por eso, a fines del año pasado, el recientemente electo Tony Abbott envió al parlamento un proyecto de ley para eliminar el carbon tax a partir de julio de este año. Tras largo debate, el Senado australiano aprobó el cambio por 39 votos a favor y 32 en contra y eliminó el carbon tax. Se calcula que el gobierno dejará de recaudar unos 7.000 millones de dólares australianos (poco más de US$ 6.000 millones) durante los próximos 4 años.
Australia, responsable del 1.0% de las emisiones globales de CO2 en 2013, se suma a Japón (4.0%), Canadá (1.8%) y Rusia (4.9%), quienes decidieron no cumplir con sus compromisos formales de mitigación de emisiones de CO2; y a los Estados Unidos, China e India, responsables de casi el 50% de las emisiones globales, quienes nunca han asumido compromisos formales de mitigación.
En Chile, en cambio, el Senado chileno discute una reforma tributaria que incluye un impuesto de US$5/ton a las emisiones de CO2 de centrales eléctricas a pesar de que no formamos parte del grupo de países Anexo 1 y por lo tanto, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), no tenemos compromisos vinculantes de mitigación de CO21. Por otra parte, se ha señalado que el impacto en la economía chilena será moderado e incluso nulo, sin embargo, en nuestra Breve 06/14 mostramos que un carbon tax producirá un incremento de al menos un 5,4% en el costo de la energía, y si se induce un cambio tecnológico, el incremento en el costo de la energía podría superar el 30%2,3.
Tal como ocurrirá en Chile, la política australiana se introdujo sin estimar sus consecuencias económicas y ambientales. Resultó ser ineficaz ambientalmente, cara para los consumidores y dañina para la industria. El resultado es que a dos años de su introducción se le abandonó. No deja de ser pintoresco que Chile, un país en vías de desarrollo y que representa sólo el 0.3% de las emisiones globales, se autoimponga un carbon tax, cuando varios países responsables del cambio climático se excluyen. Nuevamente, bien vale preguntarse para qué.
Notas
- En 2009, en la COP de Copenhague, Chile se comprometió voluntariamente con una mitigación de un 20% de las emisiones de CO2 al 2020, sin embargo, este compromiso y las bases del cálculo, aún deben ser ratificados en la próxima COP de 2015. ↩
- El 5,4% es el efecto directo del impuesto ambiental. Por su parte, el 30% se explica por el cambio tecnológico desde centrales a carbón a centrales de ciclo combinado a gas natural licuado (GNL). El cambio tecnológico es un escenario muy factible, ya que, el propósito final de una política climática es provocar la transición desde energías intensas en emisiones de CO2, como lo es el carbón, a otras de menor intensidad, como por ejemplo el GNL. ↩
- En nuestros cálculos hemos usado la metodología del costo nivelado de energía (LCOE). Esta metodología es ampliamente usada en la industria y por respetadas agencias regulatorias, entre ellas: The International Energy Agency(IEA), The U.S. Energy Information Administration (EIA, de los Estados Unidos) y The Department of Energy and Climate Change (DECC del reino Unido). ↩
